La práctica ilegal, selectiva y sin principios de la detención arbitraria en Bahréin

Resumen
Hace diez años surgió en Bahréin un movimiento masivo a favor de la democracia en respuesta al régimen autoritario de Al Khalifa. En lugar de permitir que los ciudadanos bahreiníes ejercieran su derecho a la libertad de reunión y a la libertad de expresión, las autoridades optaron por sofocar las protestas deteniendo y acusando a cientos de defensores de los derechos humanos bahreiníes y civiles corrientes.
La detención arbitraria es una táctica habitual utilizada por las autoridades bahreiníes para obstaculizar la defensa de los derechos humanos y silenciar las voces disidentes en el país. Desde 2011, el gobierno de Bahréin ha detenido a miles de defensores de los derechos humanos, figuras religiosas, médicos y abogados, entre otros.
En la mayoría de los casos, las detenciones son extrajudiciales. Los registros de los agentes de policía de Bahréin muestran un historial sólido y constante de detenciones de personas sin presentar ninguna orden judicial válida. Durante su detención, esas personas no pueden ejercer su derecho a la asistencia letrada. Además, la tortura y otros tipos de amenazas son habituales en los centros de detención bahreiníes. Muchas personas encarceladas deben tomar una decisión: denunciar a los activistas de derechos humanos y confesar delitos que no han cometido o enfrentarse a represalias contra ellos y/o sus familiares.
En los diez años transcurridos desde las manifestaciones del Levantamiento Árabe en Bahréin, el país no ha hecho más que aumentar las detenciones arbitrarias, ya que las autoridades intentan restringir todas y cada una de las actividades antisistema. Algo tan nimio como un tuit da lugar a citaciones o detenciones realizadas en la oscuridad de la noche en los domicilios de los ciudadanos. En resumen, la libertad de expresión ha sido totalmente anulada en Bahréin.
A pesar de la atención de la ONU, Bahréin continúa con las detenciones arbitrarias
La comunidad internacional ha denunciado en numerosas ocasiones a Bahréin por su práctica de la detención arbitraria, pero a cada paso ha negado las acusaciones o se ha comprometido a realizar cambios que no ha cumplido.
Durante las tres primeras sesiones del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas centradas en Bahréin, los Estados participantes en el examen expresaron su grave preocupación por el uso habitual de la detención arbitraria. En la primera sesión del EPU, los Estados interesados formularon seis recomendaciones en las que se pedía a Bahréin que retirara los cargos contra las personas detenidas por ejercer sus derechos de reunión, libertad de expresión y libertad de conciencia. Bahréin aceptó estas recomendaciones pero no las ha aplicado; miles de defensores de los derechos humanos y activistas políticos siguen encarcelados. Bahréin también aceptó una recomendación que pedía la liberación de las personas detenidas sin orden judicial; sólo un puñado de estas personas han sido liberadas. En general, en estas tres sesiones del EPU, Bahréin acepta aplicar medidas destinadas a poner fin a los arrestos extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, la tortura y los juicios injustos, y luego no aplica ninguna de las medidas.
El problema no es sólo con las instituciones internacionales: El gobierno de Bahréin también aceptó la mayoría de las recomendaciones formuladas por el Comité Internacional de Investigación de Bahréin (BICI), un comité solicitado por el gobierno de Bahréin e integrado por expertos internacionales y nacionales. En concreto, las recomendaciones 1720, 1722(d) y 1723(c) pedían a Bahréin que dejara de utilizar la detención arbitraria como elemento disuasorio del movimiento prodemocrático. Un informe publicado por la ADHRB en 2016 reveló que ninguna de estas recomendaciones se aplicó.

El caso del Dr. Al-Singace
El Dr. Abduljalil Al-Singace es una persona cuyo caso es representativo de los ataques selectivos de las autoridades bahreiníes contra los trabajadores de derechos humanos. Como miembro de los partidos de oposición Al-Wefaq y Haq, el Dr. Al-Singace se convirtió en un conocido crítico de la familia gobernante Al-Khalifa. Antes de sus múltiples detenciones y encarcelamientos, ocupó importantes cargos en la Universidad de Bahréin, donde era especialista en ingeniería mecánica.
En 2010, el Dr. Al-Singace pronunció un discurso en el Reino Unido sobre la alarmante y debilitante situación de los derechos humanos en Bahréin. A su regreso a Bahréin, fue detenido y encarcelado durante más de seis meses. Durante su detención, fue sometido a brutales torturas, a pesar de que padecía el síndrome post-polio, hecho del que las autoridades eran conscientes. A principios de febrero de 2011, el rey concedió un indulto real para su liberación.
Un mes después, el Dr. Al-Singace fue detenido por su participación en las manifestaciones. Como figura ya conocida por el gobierno por su activismo, fue detenido como parte de los «Trece de Bahréin», un grupo de trece figuras políticas condenadas a penas de prisión por su participación pacífica en el Levantamiento Árabe de Bahréin.
El Dr. Al-Singace sigue recluido en la prisión de Jau, la mayor cárcel masculina de Bahréin, donde padece varios problemas de salud, como una enfermedad musculoesquelética y de células falciformes. Sufre regularmente de falta de aire, y los síntomas relacionados con su síndrome post-polio han empeorado. Se le ha negado repetidamente el acceso a la atención médica que tanto necesita, y se le ha impedido ver a su familia desde marzo de 2017. La prisión de Jau no mantiene las normas penitenciarias exigidas por el derecho internacional; es famosa por sus condiciones inhumanas y su hacinamiento.
El caso del Dr. Al-Singace es un ejemplo del hecho de que el gobierno de Bahréin no distingue a quiénes detiene; las mujeres, los niños, los activistas y los defensores de los derechos humanos no se libran de ninguna manera del gobierno.  Muchas de estas personas son detenidas sin orden judicial y sufren tortura y otros tratos inhumanos a manos de la policía y los servicios secretos bahreiníes.
Un llamamiento para poner fin a esta práctica
La práctica continuada de la detención arbitraria en Bahréin viola claramente los tratados y principios internacionales, incluidos los Principios de París y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). La ADHRB pide que se ponga fin a esta práctica y que se libere a todos los presos políticos, defensores de los derechos humanos y cualquier otra persona detenida arbitrariamente.