ADHRB esta profundamente preocupada sobre la continua y sistemática represión de la disidencia en Bahrein. Esto ocurre a través del marco legal que permite la reducción de la libertad de expresión y del uso de las redes sociales de los individuales mediante el Proyecto de ley de Prensa y Medios redactado por el Gabinete de Bahrein. Este proyecto fue redactado para modificar la Ley de Prensa del 2002, e introduce un peligroso concepto como «el uso indebido de las redes sociales» y codifica penas severas cuando la ley es violada.
“Uso indebido de las redes sociales» es definido como un uso de las redes sociales que amenace la paz de la comunidad, cause división y debilite la unidad nacional. Esta amplia definición sirve como táctica del Estado para suprimir de manera sistemática a aquellas personas que estén en contra del Gobierno. Para ello el proyecto se enfoca particularmente en crímenes de difamación, insulto, propagación de rumores y daño a individuales, órganos, entidades e instituciones estatales.
Este proyecto esta dirigido a usuarios independientes de redes sociales- dado que criminalizan tweets y otras actividades en las plataformas de las redes sociales- como periodistas y directores de periódicos independientes. Por ejemplo, Al-Wasat, el único periódico independiente en Bahrein de acuerdo con la Bahrain Independent Commission of Inquiry (BICI), fue forzado a cerrar en 2017. Otros periódicos han sido similarmente objetivizados y forzados a cerrar, a pagar grandes multas y en algunos casos, sus empleados han sido encarcelados por la simple razón de haber compartido puntos de vista críticos con el Gobierno.
El 30 de Mayo de 2019, las autoridades escribieron a todos los números de teléfono bahreinís registrados con la amenaza de represalias a todo aquel que siguiera en redes sociales a aquellas cuentas definidas por las autoridades como «pro-terroristas». En enero de 2020, el Departamento de Cibercrimen convocó a varios usuarios de Twitter a causa de sus tweets los cuales el Ministerio del Interior (MOI) había declarado como «peligrosos al orden general». El MOI presentó una declaración desalentando a los usuarios de las redes sociales a interactuar con cuentas que violaban el «orden público» en Bahrein y amenazándoles con emprender acciones legales contra ellos.
La criminalización de los tweets y de la actividad en las redes sociales afectan a un preocupante número de activistas de derechos humanos, muchos de los cuáles han sido objetivizados por las autoridades en sus actividades en Twitter. Entre ellos, Jassim al-Abbas, el historiador y autor del blog «Años de al-Jareesh», fue encarcelado en Enero de 2020 con cargos como uso de cuentas en redes sociales para expandir información falsa.
De manera similar, el renombrado abogado de derechos humanos Abdullah Hashim y Abdullah al-Shamlawi fueron acusados por su uso de las redes sociales en Mayo del 2019 y en Mayo del 2020, respectivamente. Por la publicación del Sr. Hashim de ocho tweets entre Mayo de 2017 y Abril de 2019, en los que acusaba al Gobierno de Bahrein de corrupción, fue acusado de compartir noticias falsas. El Sr. Al-Shamlawi fue acusado por dos tweets en los que compartía posiciones críticas en prácticas relacionadas con la Ashura, el día más importante en el calendario religioso de la comunidad chiita. Al-Shamlawi fue acusado de usar voluntariamente dispositivos de telecomunicación para causar inconveniencias a otros por un tweet publicado en 2018; en este tweet, el erróneamente compartió información que después se demostró que era incorrecta. La Corte de Apelación de Bahrein dio un veredicto en contra del Sr. Al-Shamlawwi, sentenciándole a varios meses de prisión. La sentencia fue suspensa tras el pago de una fianza.
Además, aunque Bahrein liberó a 1.486 prisioneros en marzo de 2020 debido al riesgo para la salud que representa el COVID-19 en las cárceles, se excluyó a los cientos de líderes de la oposición, activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos, muchos de los cuales están envejeciendo o tienen problemas médicos preexistentes que los ponen en mayor riesgo si se exponen al virus. Muchas de estas personas fueron encarceladas por cargos relacionados con la libertad de expresión u opinión política, incluido el líder de la oposición Hasan Mushaima, el destacado defensor de los derechos humanos Abdulhadi al-Khawaja y la última prisionera política de Bahrein, Zakeya Al Barboori.
Además, el Proyecto de ley de Prensa y Medios viola el artículo 19 (2) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el cuál Bahrein ratificó en 2006. El artículo 19(2) expone de forma explícita que » Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; (…) buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección». La aprobación del Proyecto de Ley de Prensa y Medios en 2019 muestra hasta qué punto Bahrein ignora las numerosas recomendaciones que los Estados hicieron en relación al cumplimiento del PIDCP durante el ·3er ciclo del Examen Periódico Universal en 2018. La continua Bahrein represión de la disidencia y la anulación del espacio de la libertad de expresión es totalmente inaceptable y debería ser vista como una violación de las obligaciones de los tratados internacionales contraídos.
El 14 de febrero harán 10 años desde que los protestantes pro-democracia valientemente tomaron las calles pidiendo un cambio. Miles de ellos arriesgaron sus vidas o sus sustentos para luchar por la implementación de derechos humanos básicos, y las consecuencias que han sufrido desde entonces son innegablemente alarmantes para cualquier persona o estado que desea promocionar los derechos humanos globalmente. ADHRB pide a la comunidad internacional que públicamente pidan plantear la cuestión de la libertad de expresión en Bahrein. Bahrein debe poner fin a la persecución de jure y de facto de los defensores de los derechos humanos, los disidentes y los usuarios de las redes sociales liberando a todos los presos políticos y modificando sus leyes para cumplir con el artículo 19 (2) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
