El examen del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU concluye que Bahréin se queda corto en cuestiones claves de derechos humanos

El 2 de diciembre de 2022, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU hizo público su examen de 2022 sobre el Reino de Bahréin. Aunque el Comité tomó nota de un pequeño número de avances positivos en el país, dedicó la mayor parte de su tiempo a criticar el historial de derechos humanos de Bahréin en lo que respecta a la discriminación tanto de facto como de jure, incluidos los temas del espacio de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, la trata de personas y los trabajadores migrantes, las leyes de nacionalidad y los derechos de las comunidades baharna y ajam. La ADHRB está de acuerdo con la evaluación del Comité y pide a Bahréin que aplique inmediatamente las recomendaciones que el CERD hizo en su informe más reciente.

Bahréin se adhirió a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial hace más de 30 años, el 27 de marzo de 1990. Desde entonces, el Comité encargado de su aplicación ha examinado a Bahréin en cinco ocasiones, destacando en cada una de ellas que al reino aún le queda un camino significativamente largo por recorrer antes de poder afirmar que ha aplicado la Convención y que cumple con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

«Este último informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial no hace sino aumentar el cúmulo de recomendaciones incumplidas en relación con Bahréin», afirmó Husain Abdulla, director ejecutivo de la ADHRB. «¿Cuánto tardará Bahréin en reconocer sus problemas y trabajar realmente para resolverlos?».

Sobre el tema de los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil, la recomendación del Comité fue extremadamente crítica con el cierre por parte de Bahréin del espacio de la sociedad civil desde su última revisión. Por ello, el Comité recomendó a Bahréin que modificara su legislación para despenalizar las actividades relacionadas con la defensa de los derechos humanos, «con vistas a facilitar la labor de los defensores de los derechos humanos». En este sentido, se une a otros comités de la ONU, como el Comité de la ONU contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, al pedir un mayor espacio para los defensores de los derechos humanos y la modificación de las leyes necesarias para permitir una sociedad civil sana en el país. El Comité recomendó además a Bahréin que trabajara para seguir estableciendo su Instituto Nacional de Derechos Humanos, que sigue sin estar suficientemente acreditado debido a su insuficiente separación del gobierno.

Al abordar el tema de los trabajadores migrantes y la trata de personas, el Comité afirmó que los trabajadores migrantes seguían sufriendo abusos en el país, y que el sistema de kafala parecía persistir aún en la práctica. El Comité se mostró especialmente preocupado por la falta de protección de las trabajadoras domésticas migrantes, que, según afirmó, no estaban plenamente protegidas por el Código Laboral local, ni siquiera frente a la explotación sexual.

El Comité adoptó una postura especialmente severa respecto a las leyes de nacionalidad de Bahréin, criticando en primer lugar al país por la forma en que la ciudadanía no puede pasar por una mujer, y pasando después a la cuestión de la desproporcionada desnaturalización de ciudadanos baharíes y ajamíes. En este sentido, sus recomendaciones fueron extremadamente selectivas, apuntando a la Ley de Ciudadanía y pidiendo firmemente que se ajustara a la Convención sobre Apátridas y que se modificaran sus provisiones relativas a las mujeres para permitir la transmisión de la ciudadanía.

Asimismo, el Comité reconoció la difícil situación de las poblaciones locales baharna y ajam, dos poblaciones etnorreligiosas indígenas que han estado presentes en la nación insular desde mucho antes de la llegada de la familia gobernante. El Comité manifestó su preocupación por los informes de discriminación estructural en la legislación contra estas poblaciones, y pidió urgentemente al Gobierno que examinara la cuestión y les permitiera disfrutar de sus derechos, en conformidad con los requisitos de la Convención.

La ADHRB está totalmente de acuerdo con la evaluación del CERD, y agradece a sus expertos que hayan planteado las cuestiones de la discriminación racial en Bahrein y hayan llamado la atención sobre estas importantes cuestiones. Además, pedimos al Reino de Bahréin que tome medidas inmediatas para aplicar todas las recomendaciones del CERD, así como las del CAT, el CDH y todas las demás recomendaciones formuladas por los órganos oficiales de tratados de las Naciones Unidas.